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Fuerteventura.- Industria confirma a Nereida Calero que no está tramitando ninguna autorización de extracción de áridos en Tiscamanita




La diputada del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, Nereida Calero, expuso hoy al consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, la preocupación de los vecinos de Tiscamanita ante la posibilidad de que se estén tramitando permisos para actividades mineras en el entorno de la localidad.

Nereida Calero indicó que hasta hace años funcionaron extracciones de áridos en la zona, con importantes secuelas medioambientales e incluso sobre la calidad de vida de los vecinos. Pero que “durante los últimos meses se ha extendido la preocupación en el vecindario por su posible reactivación”.

Ante esta preocupación, “los vecinos han celebrado varias reuniones, han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para exponer la oposición popular a esta posible reactivación… E incluso se han dirigido por escrito a las instituciones para que en los procesos de actualización de la normativa de ordenación del territorio no se habiliten zonas extractivas en la zona de Montaña de Adrián y alrededores”.

Pedro Ortega confirmó a Nereida Calero que a fecha de hoy no consta en en la Consejería ninguna solicitud sobre posibles expedientes o solicitudes de apertura de canteras de áridos en Montaña Adrián ni en el entorno de Tiscamanita.

Aclaró que, aunque la competencia de ejecución y desarrollo del régimen específico de la minería recae sobre la Dirección General de Industria y Energía, los Proyectos de Explotación de recursos de la Ley de Minas deben contar también con la declaración de impacto ambiental, que tiene la naturaleza de informe preceptivo y determinante sobre si procede o no, a los efectos ambientales, la realización del proyecto y, en su caso, las condiciones en las que puede desarrollarse, las medidas correctoras y las medidas compensatorias.

Por lo tanto, cualquier tipo de autorizaciones de este tipo además de requerir previamente que se emita la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, conllevaría también un procedimiento de exposición pública y consulta.

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