Nereida Calero defiende “herramientas ágiles, simplificadas y adaptadas a las realidades locales” en materia de ordenación turística




La diputada del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, Nereida Calero, señaló ayer con referencia a la actualización de la legislación turística, que “para avanzar bien, es imprescindible contar con un marco actualizado. Pero, sobre todo, dotado de herramientas ágiles y simplificadoras del procedimiento administrativo, adaptadas a las singularidades locales”.

Nereida Calero intervino en el Pleno del Parlamento de Canarias en el marco de una Comparecencia de la consejera de Turismo, María Teresa Lorenzo planteada por el PP, relativa a las leyes relacionadas con la ordenación y la renovación del Turismo en Canarias.

Advirtió la expectación generada en torno a la Ley del Suelo, a los límites y características de cada isla. A cómo afecta al entorno social y a los criterios de calidad que se aconsejan aplicar sobre la actividad turística. Pero introdujo otra variable muy importante: “la claridad, porque no podemos seguir conviviendo con tanta confusión normativa”.

Al respecto, hizo un recorrido por las normas elaboradas durante los últimos 20 años, desde que la Ley del Turismo del 95 indicaba que fuesen los PIO los que regulasen el Turismo; luego vino:

En 2001, Moratoria



En 2003: Directrices y Moratoria mas ampliada En 2009: Ley de Medidas Urgentes: con menos Directrices y con Moratoria

Luego, Ley 2/2013 de Renovación y modernización turística: ahí se cambia esa Moratoria por un modelo de desarrollo. La limitación no es temporal, sino con otros criterios. Es decir, muchas menos Directrices, e incentivos para lograr la renovación de la planta obsoleta, que al fin y al cabo es el primer gran problema de un destino maduro como el canario.

Y, finalmente, la ley 9/2015, que introduce aclaraciones y matizaciones en la de 2013 y mejora los incentivos. Actualmente falta su reglamento, el de estándares de calidad. Mientras tanto, se aplica la normativa de calidad edificatoria de infraestructuras y servicios, y la de gestión medioambiental.

En resumen, desde 2003 hasta la actualidad “hemos venido conviviendo con un entramado legal de carácter bastante estricto. No pongo en duda que en ese momento fuese necesario, pero los resultados quizá no han sido los esperados y hay que reconocer que esta normativa tiene deficiencias: hay aspectos sobre regulados, vacíos legales y hasta contradicciones. Por ello es necesaria una revisión y actualización urgente”, subrayó la diputada majorera.

No obstante, sí quiso dejar muy claro durante su intervención plenaria que las normas dictadas han sido necesarias y buenas en muchos aspectos: “han servido para, ante las dudas, parar y reconducir, y hasta mejorar el panorama que se avecinaba en algunas situaciones”.

Por todo ello, considero que de lo que se trata ahora “es de aportar claridad administrativa y legal en torno a un modelo de actividad que respete singularidades locales y defina estándares de calidad con los que debemos trabajar. Evitando contradicciones, porque esa será también la mejor forma de evitar el enredo judicial que puede atosigar al sector”, terminó explicando Nereida Calero.

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