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Respaldo del Parlamento a la propuesta de Mario Cabrera para que Canarias tenga derecho a decidir sobre actividades mineras en sus aguas


El Parlamento de Canarias aprobó hoy con la única abstención del PP, una Proposición No de Ley del Grupo Nacionalista Canario defendida por el diputado Mario Cabrera y destinada a que el Archipiélago tenga derecho a decidir ante cualquier proyecto de actividades mineras que se plantee en sus aguas.

Mario Cabrera subrayó que esta iniciativa “es fruto del trabajo con colectivos sociales y ambientales, especialmente de Lanzarote y Fuerteventura. Recoge algo que a priori parece de sentido común y que incluso llegó a  existir en 2008 en el borrador del Real Decreto de las prospecciones petrolíferas: que el Archipiélago tenga derecho a un informe previo vinculante sobre cualquier gestión relacionada con actividades mineras en nuestras aguas. Ya sean prospecciones petrolíferas, telurio o explotación de los minerales denominados tierra raras, que tanta preocupación está ocasionando ahora mismo en Castilla La Macha y que aquí son objeto de investigación”.

El objetivo es que ni vuelvan a repetirse situaciones como las vividas durante estos últimos meses, “cuando a través de la prensa británica nos tenemos que enterar de que un barco que en teoría había estado cartografiando los fondos marinos cercanos a las islas, en realidad lo que había hecho eran pruebas en busca de minerales, entre ellos de los conocidos como de 'tierras raras'”.


Señaló además que en la reunión del pasado 28 de febrero, la Comisión de Peticiones del Parlamento se acordó mantener abierta una investigación sobre el Gobierno de España y los permisos concedidos en su día para realizar perforaciones en busca de hidrocarburos frente  a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, tras constatar que pese a los distintos anuncios realizados, los permisos de perforación siguen sin ser anulados. Todo ello, atendiendo a la queja formulada  por el colectivo 'El Guincho/Ecologistas en Acción'.

Estas actividades se desarrollaron en su momento pese a la oposición de todas las instituciones de las dos islas orientales, del propio Parlamento de Canarias y del Gobierno de Canarias. Además de múltiples organismos internacionales relacionados con la protección del medio natural.

“Y pese a que previamente el Gobierno de España había asumido el compromiso de respetar la opinión de la sociedad y las instituciones de Canarias antes de proceder a tramitar la autorización de las prospecciones petrolíferas. De hecho, en el borrador del Real Decreto elaborado en 2008, se recogía detalladamente”, advirtió.

Sin embargo,  el condicionante de informe previo de Canarias fue eliminado en 2012, “cuando el nuevo Gobierno de España reactivó las gestiones para tramitar las  autorizaciones de prospecciones en busca de hidrocarburos frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote”.

Advirtió que en la actualidad “nos encontramos, por un lado, con que el Parlamento Europeo considera que las autorizaciones concedidas en su momento a Repsol y sus socios siguen vigentes; y, por otro lado, distintos representantes del Estado han mostrado su disposición a tramitar nuevas solicitudes de prospecciones en busca de hidrocarburos y diversos minerales en Canarias, si hay empresas interesadas”.

Por eso, consideró Mario Cabrera que “en Canarias tenemos derecho a conocer sobre lo que se pretende hacer en nuestro entorno y, sobre todo, a decidir al respecto antes de que se tramiten autorizaciones. Que no vuelva a ocurrir lo mismo que en 2012 cuando pese a la oposición de todas las instituciones locales, de los científicos y de un importante porcentaje de la sociedad, se acabó imponiendo un proyecto petrolífero desde Madrid”.


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