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Nereida Calero lleva al Parlamento Canarias problemas generados a autónomos y pymes por nuevas limitaciones sobre aplazamientos y fraccionamientos a Hacienda



 
La diputada del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, Nereida Calero, expuso ayer en el Parlamento los problemas ocasionados por el Ministerio de Hacienda a los autónomos y pymes a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan modificaciones sobre una serie de artículos de la Ley General Tributaria introduciendo varios nuevos supuestos de deudas inaplazables.

 “Se ha generado una importante incertidumbre que los pequeños empresarios nos han trasladado, sobre todo en torno a los aplazamientos de deudas y los fraccionamientos. No sólo se aplican más restricciones desde el Ministerio, sino que además se hace generando confusión”, señaló Nereida Calero.

De hecho, la propia Agencia Tributaria tuvo que publicar un comunicado específico sobre 'Los aplazamientos a los autónomos tras el Real Decreto-ley 3/2016', en el que se informa que con carácter general, se elimina la posibilidad de conceder aplazamientos o fraccionamientos de determinadas deudas tributarias. Entre ellas las derivadas de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades y las derivadas de tributos que, como el IGIC, deben ser legalmente repercutidos, salvo que se justifique que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.

“Aún así, los cambios introducidos seguían generando dudas a autónomos y pymes, por lo que de nuevo la Agencia Tributaria ha tenido que emitir un nuevo comunicado estableciendo una serie de instrucciones para aclarar el procedimiento y los posibles beneficiarios. Que de todas formas siguen siendo aún hoy cuestionadas por la propia asociación española de asesores fiscales, que considera que hay cierta inseguridad jurídica”, explicó.

La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, señaló que el Gobierno de Canarias ha actuado en la parte que tiene competencia relacionada con el IGIC, emitiendo una instrucción que amplía los plazos sobre la norma estatal y además fija límites menores a las cuantías necesarias para poder acogerse al fraccionamiento o pago aplazado, lo que beneficia sobre todo a los autónomos y las pymes canarias.
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