Fiscalía admite denuncia de Podemos al Cabildo de Fuerteventura por delito de prevaricación

     

 El procedimiento para adquirir una nave en la zona industrial del Cuchillete por parte de la institución insular “se aproxima más a un proceso de adjudicación directa”.
·         “CC está de nuevo utilizando dinero público para socorrer a un particular de su entorno”, resume el portavoz de Podemos.



“De nuevo CC ha utilizado dinero público para socorrer a un particular de su entorno, favoreciendo su red clientelar por encima de las necesidades del conjunto de la ciudadanía”. Así resume el portavoz del Grupo Podemos en el Cabildo de Fuerteventura, Andrés Briansó, el caso de la compra de una nave en la zona industrial de El Cuchillete, por la que ahora –después de que la formación morada lo pusiera en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Las Palmas- ésta deduce posible existencia de un delito de prevaricación administrativa.

La fiscalía señala concretamente a Manuel Miranda Medina (CC), actual Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y ex-consejero de Hacienda del Cabildo de Fuerteventura, Edilia Pérez Guerra (CC), consejera insular de Obras Públicas, Rita Díaz Hernández (PSOE), concejala en el Ayuntamiento de Tuineje, ex-consejera insular de Agricultura y presidenta de la Ejecutiva Insular Socialista, además de los antiguos consejeros insulares Eugenio Cabrera Montelongo (PP) y Manuel Travieso Darias (AMF), también ex-alcalde de Puerto del Rosario y ex-senador por CC.

Lo que Podemos puso en conocimiento de la justicia fue la adquisición por parte del Cabildo majorero de una nave situada en la zona industrial de “El Cuchillete” en el término municipal de Tuineje, supuestamente con la finalidad de servir como centro logístico para todas las actividades relativas a Carreteras, Medio Ambiente, etc... vinculadas al uso de maquinaria y vehículos del Cabildo en el sur de la isla.

Dicha nave, se adquiere a la empresa Comercial Vehículos Maxorata, S.L., por un valor de 1.100.960 euros a pesar de tres informes negativos emitidos por la Secretaría del Cabildo que explicaban que en el expediente no se justificaba “por qué el nuevo centro de trabajo pretendido debe estar en esa ubicación concreta y no en otra”, máxime cuando el Cabildo ya cuenta, en propiedad y a poca distancia, con unas naves ubicadas en los Llanos de la Higuera, considerando que podían ser utilizadas para el fin pretendido, y que “las restricciones efectuadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas hacen que el procedimiento se aproxime a un procedimiento de adjudicación directa”.

La formación morada explica que la nave adquirida no cuenta con acceso directo a la carretera FV-2 (uno de los requisitos del pliego), y la propia Fiscalía concluye que ni siquiera debiera haber sido admitida a licitación por lo que nos encontraríamos ante la “injusta adquisición de una nave que no podía servir a los fines públicos para los que debería ser destinada, ocasionando el desembolso injustificado de 1.100.960 euros del erario público, fruto de una decisión que parece arbitraria de Manuel Miranda Medina”, seguida del “injusto acuerdo de la Mesa de Contratación de admitir a licitación a la empresa.”

Podemos observa que las condiciones establecidas en el pliego estaban dirigidas a comprar esa nave en concreto por intereses privados, dándose la circunstancia de que la empresa adjudicataria se encontrara en graves problemas económicos y que la nave mantenía una hipoteca de 805.000 euros.

 “Estas actuaciones, por encima de la ley y del interés general, son una muestra de la corrupción entendida como una forma de gobernar por parte de Coalición Canaria y sus sucesivos apoyos”, sentencia el portavoz.

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