Lola García plantea que ordenación sobre parques infantiles fije criterios obligatorios para la adaptación de su equipamiento a personas con discapacidad



Lola García, diputada del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, planteó ayer en sesión plenaria la necesidad de que en la Proposición de Ley elaborada por el PP relativa a la regulación de los parques infantiles en Canarias, “se deje recogido que éstos se construyan con los requisitos necesarios para que los niños y niñas con algún tipo de discapacidad puedan disfrutar de ellos”, en la misma línea de la iniciativa que el Grupo Nacionalista Canario planteó en julio de 2016.

La diputada majorera recordó que las estadísticas de distintas organizaciones apuntan a que únicamente el 4% de los parques infantiles públicos de Canarias tiene características de accesibilidad y adaptabilidad a las necesidades de los niños y niñas con algún tipo de discapacidad.


Por ello, esta Ley debe asegurar que estas instalaciones cuenten también con equipamiento “para convertir los parques en un espacio que permita a los pequeños con discapacidad, disfrutar de su tiempo de ocio en igualdad de condiciones, y que actué como elemento integrador, fomentando la concienciación de los demás niños”, detalló.

Lola García reconoció sus dudas sobre que la iniciativa se tuviera que tramitar como Ley o Decreto, “porque actualmente sólo dos comunidades autónomas lo han regulado, y ambas a través de un Decreto”.

Y terminó recordando que el informe del Defensor del Pueblo sobre esta materia fija 11 recomendaciones sobre accesibilidad y seguridad, “y la número 1 es aprobar, por parte de la Administración General del Estado, unas condiciones mínimas de seguridad que deban cumplir todas las áreas de juego infantil de nueva construcción”, y establecer un período de adaptación para las ya existentes, en virtud del artículo 149.1.1.ª de la Constitución, que atribuye a la Administración General del Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales.

De ahí la necesidad de recoger también que se inste al Estado a que asuma estas indicaciones con una norma global”, concluyó la diputada majorera.


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