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Repensar los 132 Kv en Fuerteventura y Lanzarote por Mario Cabrera



El debate abierto en torno a la instalación del nuevo tendido eléctrico en las islas orientales se está convirtiendo en una magnífica oportunidad para empezar a cuestionar muchos principios que parecían intocables y replantear alternativas.

En primer lugar tenemos el seguimiento del acuerdo parlamentario de esta semana: ¿Cuánto tardará la Consejería de Industria en atender al mandato unánime y retirar el recurso al auto que paraliza el tendido en Fuerteventura?

Lejos de presentar un nuevo problema, el acuerdo del Parlamento y el  auto del TSJC son una oportuna solución para que Industria pueda corregir errores heredados y acate la voluntad democrática.

Ahora la Consejería tiene en su mano las herramientas judiciales y políticas para liderar un replantemiento de muchas medidas que se han venido tomado.

Es importante subrayar la necesidad de trabajar con una visión más global para gestionar soluciones en clave local. Porque a medida que se ha ido extendiendo el debate social, aportando más opiniones y ofreciendo nuevas alternativas, la cuestión inicial sobre el soterrado o no del nuevo tendido eléctrico también ha ido quedando matizada.

Desde luego que todos coincidimos en que hay que priorizar el soterramiento, tratando de no ocupar más suelo y siguiendo el mismo trazado de los ejes de infraestructuras que ya están creados. Eso no lo entendieron ni el Ministerio de Industria, ni la Consejeria homónima ni la propia Red Eléctrica, pese a que todos los planes de ordenación de las instituciones majoreras y conejeras así lo dejaron recogido desde hace décadas. Fue ese posicionamiento firme de ayuntamientos y cabildos el que ahora sustenta los argumentos jurídicos.

Pero ya estamos en segundo escenario. Es el momento de ir más allá. ¿Realmente es necesario el nuevo tendido de 132KV?

La duda surge a raíz de las opiniones técnicas que indican que con el actual tendido de 66KV, convenientemente modernizado y hasta adaptado para instalar un doble circuito, el suministro estaría garantizado.

Esa es una de las respuestas urgentes que deben centrar el trabajo de la Consejería, tras mandar a retirar el recurso.

Porque si con el tendido de 66Kv en doble circuito es suficiente, el debate de la línea de 132 Kv, el nuevo trazado, y las grandes torretas caen por su propio peso.

En tercer lugar, tenemos el planteamiento del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura que el Cabildo viene tramitando desde hace años con un segundo punto de generación eléctrica en el sur de Fuerteventura. 

Un argumento más para asegurar la estabilidad del suministro durante las próximas décadas y, por lo tanto, hacer innecesario el nuevo tendido de 132 Kv y, consecuentemente, la conexión interinsular que tambíén se nos ha anunciado.

¿Estaría justificada la consideración "de interés general" para el trazado de 132Kv con ambos argumentos? Desde luego que no.

Atendiendo a la campaña justificativa desarrollada desde el entorno eléctrico, también es necesario discutir sobre las consecuencias que la paralización del tendido de 132Kv tendría sobre los parques eólicos en trámite.

Antes que nada hay que aclarar que todos los proyectos que hemos podido consultar están diseñados y tramitados de acuerdo con la línea actual de 66Kv. Eso sí, algunos de ellos también están pensados para que en un futuro pudieran enganchar a la red de 132Kv, si se llega a instalar.

La Consejería argumenta entonces que el peligro reside en que la paralización del tendido de 132 Kv podría retrasar también la puesta en marcha de los parques eólicos y con ello que alguna de las empresas que los promueven no puedan acogerse a los beneficios de la Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que autoriza al Gobierno a otorgar regímenes retributivos específicos para las instalaciones que entren en funcionamiento antes de 31 de diciembre de 2018.

Bien. Uno confía en la eficacia de la gestión de la Consejería, que desde septiembre de 2016 se dirigió al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para ampliar más allá de diciembre de 2018 el plazo máximo que tienen los parques eólicos inscritos  para poner en marcha las instalaciones.

Esa sería otra de las claves del trabajo urgente. Primero retirar el recurso para respoder a la demanda social e institucional. Y segundo, concretar con el Ministerio la prórroga más allá de 2018 para que las empresas no vean recortados sus beneficios potenciales...

Y para eso conviene tener presente que el Ministerio de Industria ha preparado ya una Orden, que está ahora mismo en consulta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, planteando el escenario eléctrico hasta el año 2022 con el aumento incluso de las actuales retribuciones específicas por energías renovables en alrededor de un 5% en el caso de los parques instalados en las islas (y un 3% para la Península).

Es decir, después del freno soriano a las renovables, el Ministerio comienza ahora a recuperar el terreno perdido:  no sólo descarta eliminar los beneficios, sino que los aumentará un 5%.

Y todo eso, aún reconociendo que repetimos el error de volver a hablar de los beneficios de las empresas. Cuando en lo que deberíamos estar centrados es en diseñar herramientas para ampliar la participación pública en el sector energético, la promoción del cooperativismo vecinal en los sistemas de energías limpias, en la creación de pequeños circuitos energéticos más estables, menos dependientes de los grandes consorcios y socialmente más justos.

Pero eso, ahora con la retirada del recurso de la Consejería y el replanteamiento de la líena de 132 Kv, estaremos en condiciones de poder ir concretándolo.


Mario Cabrera González
Diputado de CC por Fuerteventura
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