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Pilar Rodríguez (NC) pide al Ayuntamiento de Tuineje aclare por qué dejó caducar contrato para la recaudación de tributos municipales



La concejal de Nueva Canarias en la oposición del Ayuntamiento de Tuineje, Pilar Rodríguez, demanda que se aclare por qué se dejó caducar el contrato para la recaudación de tributos municipales, además de adjudicar el nuevo sin sacar a concurso el pliego y sospecha que esta actuación se llevó a cabo, presuntamente, con mala fe. 

La adjudicación, por tres meses, de un contrato menor a la misma empresa que ya se ocupaba de la gestión, Colaboración tributaria S.L, por un total de 17.950 euros, posibilitó que al no llegar a los 18.000 euros, el alcalde de Tuineje se pudiera saltar el informe de intervención de fiscalización municipal, y la obligatoriedad relativa a la remisión de dicho expediente a la audiencia de cuentas.

Según la edil en el consistorio de Tuineje, “el hecho de que se haya adjudicado a la misma empresa un contrato menor para saltarse determinadas acciones, sin recoger las cláusulas de regularización, sin sacarlo a concurso, y habiendo dejado caducar el anterior, puede ser, presuntamente, constitutivo de delito”.

Además, explicó Rodríguez, “a lo largo de los tres meses de duración del nuevo contrato, puede existir un vacío legal, ya que la ley prohíbe que se sigan realizando prórrogas, obviando así uno de los pilares importantes de cualquier ayuntamiento como es el de la recaudación de tributos y la inspección para el cobro de deudas sin sacar a concurso el pliego para la adjudicación de un nuevo contrato. Esta actuación, continuó, “puede haber provocado que importantes deudas con el ayuntamiento hayan caducado”.

Por lo tanto, “es mi obligación, cuando se adjudique un nuevo contrato, solicitar una auditoria independiente para ver si realmente se ha estado cumpliendo con las obligaciones del ayuntamiento, además de un informe jurídico para cerciorarme de que este procedimiento no se haya desarrollado bajo un limbo legal, y sin haber recogido una cláusula de inspección de las deudas propias, por si esta situación se considera un atentado a los recursos municipales”.

Y añade, “el proceso se está llevando a cabo en estos momentos, pero la nueva adjudicación puede tardar más de tres meses, dado que por su cuantía tiene que adaptarse a la ley de contratos públicos en un procedimiento abierto”.



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