Podemos propone incluir clausulas de contenido social y medioambiental en contrataciones del Cabildo de Fuerteventura





El Grupo Podemos en el Cabildo de Fuerteventura llevará una moción para su aprobación en el próximo pleno que propone incorporar cláusulas de contenido social y medioambiental en los procedimientos de contratación pública promovidos por la Corporación insular, como política de responsabilidad social y de creación de empleo entre los sectores en situación de vulnerabilidad o exclusión socio-laboral.

Según explica la propia moción, la actual normativa estatal y comunitaria no deja lugar a dudas en cuanto a que la contratación pública es un ámbito adecuado para desarrollar políticas sociales. Introducir criterios de responsabilidad social es compatible con los principios de eficacia y eficiencia que rigen la ejecución del gasto público.

O en palabras del consejero Gustavo García, "lo aparentemente barato muchas veces sale caro, y tomar como una constante el elegir la oferta más barata abona el terreno a las empresas que luego intentan amortizar sus ofertas low cost a costa del trabajador y sus derechos, como ha ocurrido con el centro de reciclaje de Zurita y la empresa de seguridad Marsegur, de cuyos servicios el Cabildo ha tenido que prescindir”.

La oportunidad que ofrece el marco legal para incluir cláusulas sociales en los procedimientos de contratación pública plantea nuevas herramientas potenciales para desarrollar medidas en pro de la igualdad de oportunidades y, especialmente, políticas de creación de empleo en la lucha contra la exclusión social. Y según Podemos, en el contexto actual de Fuerteventura, esta propuesta cobra especial relevancia y eficacia.

Entre los criterios que Podemos propone incluir se especifican algunos como reservar determinados contratos a entidades sociales y solidarias que tengan por objeto la integración socio-laboral de personas en situación de riesgo o exclusión social, como empresas de inserción, centros especiales de empleo de personas con diversidad funcional o centros ocupacionales; dar prioridad a la integración socio-laboral de colectivos en situación de vulnerabilidad o exclusión social, como que la empresa adjudicataria emplee en la plantilla a miembros de familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social; también que, cuando se pueda, incorpore cláusulas que contribuyan directamente a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como a la conciliación de la vida laboral y familiar; o criterios de preferencia relacionados con la calidad del empleo, como la contratación indefinida o mejoras laborales respecto a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores o en el correspondiente convenio colectivo.

Otra de las cuestiones que propone la moción es que el Cabildo tenga en cuenta el valor social y la seguridad de los productos y servicios que necesite contratar y, siempre que la relación calidad-precio lo aconseje, opte por los que tengan características sociales positivas y más saludables, como productos de Comercio Justo, ecológicos, reciclables, o por aquellos que tengan características medioambientales positivas. Por ejemplo, y de manera particular, alimentos locales, frescos y procedentes de agricultura ecológica.

Según recoge la moción, lo adecuado sería desarrollar la reglamentación necesaria en un plazo de seis meses y después, un plan de trabajo que incluya sesiones formativas dirigidas al personal técnico y político.

"Este paquete de medidas pretende que no tengamos como único criterio el considerar la oferta más barata, sino la más justa con los trabajadores y nuestro entorno; apostar por el bienestar de los trabajadores y el medioambiente siempre es rentable", asegura García.

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