El PSOE propone medidas para agilizar y mejorar la justicia en Fuerteventura



Iñaki Lavandera plantea la incorporación de magistrados y magistradas, así como la división de las jurisdicciones civil y penal, dedicándose uno de los resultantes de Instrucción a ejercer las competencias en materia de violencia de género, entre otras propuestas

Canarias, 15 de octubre de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iñaki Lavandera, ha registrado una proposición no de ley por la que propone una serie de medidas mediante las que agilizar y mejorar la justicia en Fuerteventura. “La situación actual de los juzgados en el partido judicial de Puerto del Rosario es crítica en cuanto a los niveles de pendencia de asuntos y atasco judicial, con el consiguiente perjuicio económico y social en el desarrollo insular”.

Mediante la iniciativa, Lavandera pretende que se articulen acciones contra la “lentitud e ineficacia de la justicia” y propone, en primer lugar, que se inste al Gobierno de España a la modificación de la planta judicial en base a lo dispuesto en la Ley de Demarcación y Planta Judicial, adoptando medidas tales como la división de las jurisdicciones que se consideren necesarias en el partido judicial de Puerto del Rosario o la transformación de los juzgados de manera que pasen a ser servidos por magistrados y magistradas.

Por otra parte, solicita al Gobierno de Canarias medidas encaminadas a la creación de una oficina de asistencia a las víctimas del delito, la construcción de una nueva sede judicial que agrupe a todos los juzgados a fin de evitar la actual dispersión de sedes y la habilitación de los espacios necesarios para descongestionar, hasta la puesta en marcha de la nueva sede judicial, la saturación del edificio principal de los juzgados de Puerto del Rosario.

El diputado del PSOE recuerda que Puerto del Rosario cuenta con seis juzgados de Primera Instancia e Instrucción –todos ellos servidos por jueces- que comparten la jurisdicción civil y penal en su vertiente de instrucción. Los juzgados número 5 y 6 son de reciente creación; ambos entraron en funcionamiento entre 2009 y 2010, “si bien ya se encuentran en idéntica situación de atasco que el resto”.

Además se cuenta con dos juzgados servidos por magistrados adscritos al partido judicial de Arrecife -Juzgado de lo Penal y Juzgado de lo Social- que presentan iguales niveles de pendencia. “En la actualidad, el Juzgado de lo Social está efectuando señalamientos de juicios para el año 2018”, precisa. En cuanto a movilidad, señaló que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puerto del Rosario con funciones en materia de violencia de género ha sido servido por siete jueces desde el 31 de marzo de 2008 hasta la actualidad.

En ese mismo periodo, añade, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 ha sido servido por nueve jueces, sin incluir los refuerzos, llegando en determinados momentos a tener más de 3.000 escritos procesales pendientes de proveer, algunos de ellos con más de cinco años de antigüedad. Asimismo, la carga es de más del 200 por cien en el área civil respecto a los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial como razonable carga de trabajo asumida por los jueces, “lo que genera un retraso injustificable en los procedimientos tramitados y en las ejecuciones civiles que se derivan”.

Respecto al área penal, continúa Lavandera, los niveles de pendencia y carga son más acordes a los módulos establecidos. “Por tanto, la conclusión es que la situación de la justicia en Puerto del Rosario es deficiente y requiere de la adopción de medidas”, explica, entre las que propone, “consciente de las dificultades económicas”, la división de las jurisdicciones civil y penal, dedicándose uno de los resultantes de Instrucción a ejercer las competencias en materia de violencia de género.

También plantea una nueva sede judicial que agrupe a todos los juzgados a fin de evitar la actual dispersión de sedes. En cuanto a las medidas perentorias, afirma que la ley faculta al Gobierno para que mediante real decreto se proceda a su adopción. “En un partido judicial como el de Puerto del Rosario, con 107.000 habitantes, con un alto nivel de recepción de turistas y una población flotante muy elevada, se justifica plenamente la adopción de la medida”.




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