Alcaldes de Fuerteventura se solidarizan con la Playa del Castillo como un proyecto propio





El presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, Marcial Morales felicitaba la iniciativa del alcalde de Antigua de reunirse conjuntamente con los alcaldes de los municipios para exigir al Delegado del Gobierno, Enrique Hernández Bento que las obras de la Playa del Castillo se ejecuten sin más demora y así se lo trasmita a la Dirección de Costas del Ministerio de Medio Ambiente.

Una reunión que se iniciaba con la noticia, anunciada a los medios antes que a las instituciones involucradas, del informe de la Autoridad Portuaria asegurando la existencia de arena necesaria para realizar los proyectos de ampliación de la Playa Chica de Puerto del Rosario así como el Proyecto de la Playa del Castillo.

El presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura señaló durante el encuentro mantenido, la necesidad de convocar la Comisión de Seguimiento que tras ser constituida, nunca más ha vuelto a reunirse, proponiendo que sean invitados a participar en la misma, el Ayuntamiento de Antigua y la representación empresarial de la isla.



Todos los alcaldes coincidieron en solicitar mayor compromiso y seriedad con Fuerteventura a la Dirección de Costas en Madrid, recordando el consejero de Turismo, Blas Acosta al Delegado del Gobierno que la actual inversión del Estado se centra únicamente en el Proyecto de la Playa del Castillo cofinanciado en un 50% por el propio Cabildo Insular de Fuerteventura, inversión sobre la que el consejero también exige explicaciones detalladas al Ministerio de Medio Ambiente.

Al término de la reunión el alcalde de Antigua Juan José Cazorla, concluía que la Playa del Castillo ha alcanzado una situación insostenible que debe resolverse no sólo por el bien del municipio, sino por el bien de la isla. En este sentido, añadía Cazorla  agradezco el apoyo que Cabildo y ayuntamientos muestran con su presencia en esta reunión y considero que aunque el camino ha estado completo de informaciones contradictorias, el Estado debe asumir su responsabilidad de agilizar la ejecución de las obras exigiendo a la empresa el cumplimiento de los plazos previstos para finalizar el proyecto el próximo mes de octubre.
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