En Gran Canaria y Fuerteventura aprueban varias instalaciones eléctricas para poner en marcha proyectos energías renovables




Los proyectos aprobados fueron declarados de interés general dada la importancia que tienen para la puesta en marcha de nuevas instalaciones de energías renovables


El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy tres decretos por los que acuerda ejecutar diversas instalaciones eléctricas en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura, cuyos proyectos fueron declarados previamente de interés general, por razones de urgencia y excepcional interés, dada la importancia que tienen para la puesta en marcha de nuevos proyectos de energías renovables en ambas islas.

La aprobación de estos decretos, a propuesta de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, permite continuar trabajando en una de las principales líneas estratégicas  que el Gobierno de Canarias se marcó al comienzo de la legislatura como es la de avanzar en la implantación de energías renovables en Canarias, posibilitando, entre otras cosas, la mejora y adecuación de las instalaciones de suministro eléctrico existentes.

Con respecto a la isla de Gran Canaria, el Gobierno ha aprobado dos decretos por los que acuerda ejecutar una nueva subestación eléctrica a 66 Kv en el término municipal de Agüímes y la ampliación de la subestación eléctrica de Aldea Blanca a 66 kV, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana.

En cuanto a la isla de Fuerteventura, el decreto aprobado ordena la ejecución de una línea de entrada/salida a 132Kv, una línea de conexión provisional a 66Kv y una nueva subestación eléctrica a 132Kv, todo ello en Jares, en el municipio de Tuineje.

En todos los casos, el Gobierno ordena, a través de estos decretos, iniciar el procedimiento de modificación del planeamiento afectado en el plazo de seis meses a partir del momento en que se notifique cada uno de los decretos.

La aprobación de estos decretos, tiene lugar una vez concluido el plazo del trámite de audiencia, en el que las corporaciones implicadas podían informar sobre si los proyectos de las obras estaban conformes o no con sus respectivos planeamientos territoriales.


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