Industria sigue sin actuar para eliminar perjuicio a la desalación de agua agrícola con el nuevo Decreto de autoconsumo




- Nereida Calero advierte del daño que se está haciendo al sector


12 de febrero de 2016

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria, no ha cumplido aún con su compromiso de corregir el contenido del nuevo decreto que regula el autoconsumo de energía eólica y que afecta muy especialmente a las plantas desaladoras de agua que cuentan con parques eólicos asociados.

La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Nereida Calero, advirtió este pasado miércoles durante su intervención en la Comisión de parlamentaria de Industria el Decreto 900/2015, aprobado el pasado 10 de octubre por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España dificulta en la práctica que las plantas desaladoras del archipiélago utilicen energía eólica para abastecerse, “lo que tiene además una incidencia especial en la agricultura de regadío, pero también en la desalación en general”, advirtió.

Por su parte, Pedro Ortega, consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, se comprometió a exigir al Ministerio que en el Decreto de autoconsumo se exceptúe totalmente todo lo relacionado con el ciclo del agua: depuradoras, desaladoras, etc. Y que además se haga con urgencia, ante el perjuicio que se ocasiona a distintos sectores.




El Decreto de autoconsumo incluye una disposición que obliga a que la potencia eólica instalada sea menor que la potencia de la planta desaladora. Una limitación que afecta a la posibilidad de autoconsumo de la mayoría de plantas, sobre todo a las más pequeñas.

Con esta normativa, a muchos agricultores y cooperativas que han instalado o proyectaban instalar aerogeneradores para producir la energía necesaria para desalar el agua y así abaratar el coste del regadío de las plantaciones, se les prohíbe tener en los molinos más potencia de la contratada con la compañía eléctrica que les provee.

De esta forma, el Gobierno obliga a volver a desalar agua con petróleo y a olvidarnos de los proyectos de energías limpia que ya estaban comenzado a extenderse por las islas”, advirtió la diputada majorera.
Cabe recordar que hasta el momento la normativa les ponía como límite único el de verter en el sistema un máximo del 50% de la energía generada en sus molinos. La única posibilidad que les deja la nueva norma es dividir sus empresas y separar por un lado la actividad agrícola y por otro la de generación de energía, de forma que los agricultores tengan que convertirse ahora en productores eléctricos. Pero además en unas condiciones económicas muy complicadas.

La diputada recordó que el año pasado, cuando la Asociación Canaria de Energías Renovables o la Confederación de Organizaciones Agrarias, entre otras entidades, denunciaron el perjuicio que les generaba esta nueva norma estatal, el Ministerio de Industria y el propio Delegado del Gobierno en Canarias se comprometieron a rectificar rápidamente. Algo que hasta el momento no ha ocurrido, lo que hace que la problemática y el daño al sector siga acrecentándose, en un año que además hasta ahora viene caracterizándose por la sequía.


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