En Fuerteventura Ignacio Gordillo aboga por recuperar “la ética y el cumplimiento normativo” para evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas

   




 El exfiscal de la Audiencia Nacional participó en una jornada promovida por la Cámara de Comercio de Fuerteventura en colaboración con  el despacho Coello Abogados

Puerto del Rosario, 12 de febrero de 2015.- El exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo animó hoy a una veintena de empresarios y profesionales del Derecho, congregados en la Cámara de Comercio de Fuerteventura, a recuperar la ética y la cultura del cumpliemiento normativo “que en España hemos olvidado”  para evitar que las personas jurídicas deban responder con penas importantes por actuaciones realizadas “por trabajadores o administradores infieles  por cualquier empleado que incumpla el ordenamiento de la empresa “.

En una jornada promovida por la corporación empresarial con la colaboraicón de Coello Abogados, Gordillo explicó que a partir del año 2010 el Código Penal introdujo, por primera vez, un artículo por el que se extendía la responsabilidad penal a las personas jurídicas. Una responsabilidad que también afecta “a la falta de control en la formación, en la comunicación o en la elección de empleados o subalternos”.  Esa falta  de control, incide Gordillo,  ha quedado perfectamente definida en la última modificiación de la norma, que entró en vigor a principios de año,  y  que ahora constata con claridad la obligatoriedad del empresario “de tomar las medidas necesarias y aplicar unos protocolos de prevención, con supervisión, vigilancia y control,  según el mapa de riesgos que exista en la empresa, ”. 

El exfiscal de la Audiencia Nacional hizo especial hicapié, además,  en que los protocolos de prevención están disponibles para todos los interesados. Es cuestión, enfatizó, “de tomar las medidas para asegurarse de que ante un empleado o un administrador infiel que incumple el ordenamiento,  la persona jurídica  no corra el riesgo de quedar disuelta”. En esta línea insistió en que las actividades ilegales de un trabajador o un administrador infiel “ están ahora cubiertas con unos protocolos de prevención que dependen de cada empresa”.

Se trata, concluyó, de “un cambio importante en la forma de pensar” porque los empresarios tienen el deber de preocuparse de que  se van a cumplir todas las normas referentes a la actividad que desarrollan.

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